Fenix100
April 17th, 2009, 09:14 AM
En riesgo 208 mdp por amparos al replaqueo
17 de abril de 2009. Se podría perder 208 millones de pesos, en caso de que los contribuyentes que aún no han cambiado sus placas se amparen.
El Gobierno del Estado podría perder 208 millones de pesos, en caso de que los 389 mil 48 contribuyentes que aún no han cambiado sus placas se amparen, luego de haber pagado el monto total establecido, para obtener el excedente de esa tarifa.
Lo anterior se da, luego de que los juzgados Primero y Segundo de Distrito determinaron como injusto, inequitativo y desproporcionado el cobro del replaqueo que actualmente está haciendo la administración estatal, al otorgar por lo menos 10 amparos a ciudadanos por el pago de esa contribución, a quienes ya la Secretaría de Finanzas les reembolsó el excedente respectivo.
El titular de esa dependencia, Cristian Rodallegas Hinojosa, consideró que si los contribuyentes que aún faltan de pagar las placas se acogen a esa medida, las finanzas del Estado tendrían una pérdida importante.
Indicó que “con los descuentos que se hicieron este año, se le restó al Estado un ingreso de 350 millones de pesos, por lo que, de ampararse los 389 mil 48 personas que todavía no han pagado el replaqueo se le seguirá restando ingresos a las arcas estatales”.
El funcionario detalló que del total del padrón vehicular en la entidad, conformado por un millón 168 mil 375 vehículos, hasta el momento han pagado 779 mil; es decir, se lleva únicamente un avance del 67 por ciento.
En rueda de prensa el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Manuel Payán Quinto, y los regidores édgar Olivas y Luis Enrique Terrazas, dieron a conocer el número de amparos otorgados e indicaron que el monto de lo reintegrado hasta el momento oscila entre los 500 y hasta mil pesos, correspondiente a vehículos que van de modelos 2006, 2005, 97 y 94.
Detallaron que tan sólo con Acción Nacional se han interpuesto 100 amparos, de los cuales 10 se han resuelto satisfactoriamente. Sin embargo, aseguraron que existen más de 600 trámites de ese tipo que han interpuesto tanto personas físicas como morales.
Señalaron que la resolución de los jueces federales fue en el sentido de que los contribuyentes que ganaron el amparo pagarán únicamente la tarifa menor establecida por el Estado para la dotación o canje de placas, que es de 480.64 pesos, más el descuento mensual que está ofreciendo actualmente la Secretaría de Finanzas, independientemente del modelo que se trate la unidad.
Por lo tanto, los panistas hicieron un llamado a los ciudadanos que ya pagaron el replaqueo, en un lapso no mayor de 15 días, que gestionen con ellos dicha solicitud de amparo.
Precisaron, en base a la resolución de esos jueces distritales, que los amparos en ese rubro tan sólo proceden cuando el contribuyente ya ha pagado las placas.
Es por ello, que exhortaron a quienes aún no han realizado ese pago cumplir con esa contribución, para posteriormente interponer el amparo respectivo para que, de esa manera, puedan recuperar el excedente del mismo.
Destacaron también que quienes realizaron el replaqueo en los meses de enero, febrero y parte de marzo, ya no pueden acogerse a ese beneficio, toda vez que legalmente el procedimiento respectivo tiene que realizarse en 15 días hábiles, después de efectuado el pago.
Asimismo, puntualizaron que la promoción de esa gestión (que a partir de esta fecha harán de manera gratuita a través de la dirigencia del PAN municipal y de la oficina de regidores panistas) no se trata de ninguna “bandera política”, ni tampoco de la promoción de la cultura del no pago, sino tan sólo el bienestar de cientos de familias chihuahuenses.
Aseguraron también que el reembolso de ese dinero no impactará en nada las finanzas del Gobierno del Estado, ya que señalaron que del total presupuestado para este año (más de 30 mil millones de pesos), tan sólo 500 millones corresponden a la recaudación del replaqueo.
De acuerdo con las sentencias fijadas por los jueces federales, el costo de las placas en la entidad “transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenida en la fracción IV, del Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no consultar la capacidad contributiva del gobernado”.
Además, viola las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias. En la primera, porque de acuerdo con las tarifas concernientes a la expedición de placas, se cobra al contribuyente, que está en condiciones análogas, una cantidad mayor por un mismo servicio, y en la segunda, debido a que se fija el monto de pago de un derecho en atención a un factor ajeno al mismo, como lo es el modelo del año del automotor, respecto del cual se expide la placa.
Establece también que, “en materia de derechos, el principio de proporcionalidad destaca no la capacidad económica del usuario, sino el costo que para el Estado representa la prestación del servicio que se trata”.
Añade que para cumplir con esa disposición, el monto de las tarifas o cuotas de los servicios debe de fijarse fundamentalmente en proporción al cumplimiento de que el monto de las correspondientes cuotas o tarifas se fije en función del costo del servicio prestado.
17 de abril de 2009. Se podría perder 208 millones de pesos, en caso de que los contribuyentes que aún no han cambiado sus placas se amparen.
El Gobierno del Estado podría perder 208 millones de pesos, en caso de que los 389 mil 48 contribuyentes que aún no han cambiado sus placas se amparen, luego de haber pagado el monto total establecido, para obtener el excedente de esa tarifa.
Lo anterior se da, luego de que los juzgados Primero y Segundo de Distrito determinaron como injusto, inequitativo y desproporcionado el cobro del replaqueo que actualmente está haciendo la administración estatal, al otorgar por lo menos 10 amparos a ciudadanos por el pago de esa contribución, a quienes ya la Secretaría de Finanzas les reembolsó el excedente respectivo.
El titular de esa dependencia, Cristian Rodallegas Hinojosa, consideró que si los contribuyentes que aún faltan de pagar las placas se acogen a esa medida, las finanzas del Estado tendrían una pérdida importante.
Indicó que “con los descuentos que se hicieron este año, se le restó al Estado un ingreso de 350 millones de pesos, por lo que, de ampararse los 389 mil 48 personas que todavía no han pagado el replaqueo se le seguirá restando ingresos a las arcas estatales”.
El funcionario detalló que del total del padrón vehicular en la entidad, conformado por un millón 168 mil 375 vehículos, hasta el momento han pagado 779 mil; es decir, se lleva únicamente un avance del 67 por ciento.
En rueda de prensa el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Manuel Payán Quinto, y los regidores édgar Olivas y Luis Enrique Terrazas, dieron a conocer el número de amparos otorgados e indicaron que el monto de lo reintegrado hasta el momento oscila entre los 500 y hasta mil pesos, correspondiente a vehículos que van de modelos 2006, 2005, 97 y 94.
Detallaron que tan sólo con Acción Nacional se han interpuesto 100 amparos, de los cuales 10 se han resuelto satisfactoriamente. Sin embargo, aseguraron que existen más de 600 trámites de ese tipo que han interpuesto tanto personas físicas como morales.
Señalaron que la resolución de los jueces federales fue en el sentido de que los contribuyentes que ganaron el amparo pagarán únicamente la tarifa menor establecida por el Estado para la dotación o canje de placas, que es de 480.64 pesos, más el descuento mensual que está ofreciendo actualmente la Secretaría de Finanzas, independientemente del modelo que se trate la unidad.
Por lo tanto, los panistas hicieron un llamado a los ciudadanos que ya pagaron el replaqueo, en un lapso no mayor de 15 días, que gestionen con ellos dicha solicitud de amparo.
Precisaron, en base a la resolución de esos jueces distritales, que los amparos en ese rubro tan sólo proceden cuando el contribuyente ya ha pagado las placas.
Es por ello, que exhortaron a quienes aún no han realizado ese pago cumplir con esa contribución, para posteriormente interponer el amparo respectivo para que, de esa manera, puedan recuperar el excedente del mismo.
Destacaron también que quienes realizaron el replaqueo en los meses de enero, febrero y parte de marzo, ya no pueden acogerse a ese beneficio, toda vez que legalmente el procedimiento respectivo tiene que realizarse en 15 días hábiles, después de efectuado el pago.
Asimismo, puntualizaron que la promoción de esa gestión (que a partir de esta fecha harán de manera gratuita a través de la dirigencia del PAN municipal y de la oficina de regidores panistas) no se trata de ninguna “bandera política”, ni tampoco de la promoción de la cultura del no pago, sino tan sólo el bienestar de cientos de familias chihuahuenses.
Aseguraron también que el reembolso de ese dinero no impactará en nada las finanzas del Gobierno del Estado, ya que señalaron que del total presupuestado para este año (más de 30 mil millones de pesos), tan sólo 500 millones corresponden a la recaudación del replaqueo.
De acuerdo con las sentencias fijadas por los jueces federales, el costo de las placas en la entidad “transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenida en la fracción IV, del Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no consultar la capacidad contributiva del gobernado”.
Además, viola las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias. En la primera, porque de acuerdo con las tarifas concernientes a la expedición de placas, se cobra al contribuyente, que está en condiciones análogas, una cantidad mayor por un mismo servicio, y en la segunda, debido a que se fija el monto de pago de un derecho en atención a un factor ajeno al mismo, como lo es el modelo del año del automotor, respecto del cual se expide la placa.
Establece también que, “en materia de derechos, el principio de proporcionalidad destaca no la capacidad económica del usuario, sino el costo que para el Estado representa la prestación del servicio que se trata”.
Añade que para cumplir con esa disposición, el monto de las tarifas o cuotas de los servicios debe de fijarse fundamentalmente en proporción al cumplimiento de que el monto de las correspondientes cuotas o tarifas se fije en función del costo del servicio prestado.